Escrito por Ronald León Núñez
En las últimas semanas asistimos a imágenes de cientos de miles de egipcios ocupando nuevamente la emblemática Plaza Tahrir en El Cairo, realizando imponentes manifestaciones en casi todo el país, enfrentándose a pedradas con la policía en las calles y trasponiendo en la capital un impresionante cerco militar compuesto de alambres de púas, tanques y soldados de élite -pertenecientes a la Guardia Republicana- para llegar hasta las puertas del mismísimo palacio presidencial y rodearlo.
Al
ver estas escenas se podría pensar que son las mismas de aquella gesta
revolucionaria de 17 días y 800 mártires que derrocó al dictador Mubarak
el 11 de febrero de 2011. Incluso la consigna más coreada en Tahrir es la idéntica de hace casi dos años: “!El pueblo quiere la caída del régimen!”.
La
diferencia es que ahora la clase trabajadora y el pueblo egipcios ya no
la gritan contra Mubarak, el odiado dictador entreguista que tumbaron
con su lucha revolucionaria, sino contra el presidente Mohamed Morsi y
el actual gobierno de la Hermandad Musulmana.
El pacto entre la Hermandad y los militares
Esto
es así porque las masas egipcias enfrentan a un régimen político
bonapartista y represivo que, aunque sin Mubarak, se mantuvo en lo
esencial debido a que la Hermandad Musulmana pactó con la cúpula militar
su llegada a la presidencia a cambio de no cuestionar su inmenso poder
económico y político.
En
este marco, este nuevo estallido popular comenzó cuando Morsi,
fortalecido por su destacado papel en la negociación del cese al fuego
entre Israel y Hamás, emitió un decreto con rango de “declaración
constitucional” que consumaba una concentración casi total de poderes,
estableciendo que ninguna decisión presidencial podía ser cuestionada en
ninguna instancia judicial. Es preciso tener en cuenta que Morsi ya
concentra en su persona el poder ejecutivo y legislativo, después de que
la anterior Junta Militar disolvió el Parlamento en junio pasado.
Pero
Morsi fue por más. Al poco tiempo de este decretazo anunció que el
proyecto de Constitución que la Asamblea Constituyente –compuesta
netamente por miembros islamistas– estaba terminado y convocó a un
referéndum relámpago para los días 15 y 22 de diciembre con la intención
de aprobarlo.
El
borrador de Constitución que Morsi y la Hermandad defienden -con el
apoyo de los sectores islamistas más fundamentalistas, conocidos como
salafistas-, tiene un carácter claramente bonapartista y represivo, anti
obrero y anti huelgas. También atenta contra los derechos de las
mujeres y las minorías religiosas, pues se basa en la sharía o ley islámica[1]. El
elemento central de este proyecto constitucional es que está hecho a
gusto y paladar de la cúpula militar, pues mantiene intactos los enormes
poderes y privilegios de las fuerzas armadas en la economía y la
política egipcia.
Por
todo esto, no es casual que la alta jerarquía de las fuerzas armadas no
se haya pronunciado en contra del decretazo y de este proyecto
constitucional. La cuestión es que Morsi siempre ha respetado
escrupulosamente sus intereses vitales. En sus cinco meses de gobierno,
el presidente islámico ha hecho todo lo posible para mantener buenas
relaciones con la cúpula militar.
El
presidente islamista les garantiza a los generales tres cuestiones que
les son fundamentales: a) el mantenimiento de su plena autonomía y
discrecionalidad; b) la inmunidad de la Junta Militar por los crímenes y
abusos cometidos durante la dictadura hasta la asunción de Morsi; c) la
salvaguarda de sus numerosas empresas y propiedades –se estima que la
cúpula militar controla no menos del 30% de la economía del país– y el
mantenimiento de la alianza con Estados Unidos, que financia
directamente a las fuerzas armadas con más de 1.300 millones de dólares
anuales, situación que las transforma en el ejército que más
subvenciones recibe del imperialismo después del israelí.
Hasta
ahora todo esto fue respetado y protegido. De hecho, el borrador
constitucional obliga a que el ministro de Defensa sea siempre un
militar y otorga a un órgano militar, no al Parlamento, la potestad de
elaborar el presupuesto del Ministerio de Defensa, tal como era en
tiempos de Mubarak. También mantienen los terroríficos Tribunales
Militares para juzgar civiles (activistas sociales y opositores en
general) y no niega todo tipo de tortura. En estos días, el propio Morsi
autorizó al ejército a detener a cualquier manifestante que lo
enfrentaba en las calles.
Los ataques a la libertad de organización y de huelga
La
Federación Egipcia de Sindicatos Independientes (EFITU) emitió un
comunicado denunciando el decretazo de Morsi y su proyecto
constitucional. Sobre lo primero, esta Federación cuestiona: “¿Cómo
puede el presidente promulgar leyes, y trabajar para su aplicación, sin
que ninguno de nosotros tenga derecho de acudir a los tribunales para
impugnarlas? ¿Y si se emite un decreto que prohíba todos los sindicatos
que se han creado desde la revolución? ¿Nadie podrá oponerse a ella?”.
Refiriéndose
al proyecto de Constitución, específicamente a lo relacionado con los
derechos de la clase obrera y su libertad de organización, denuncian: “(…)
todos los proyectos que han surgido de la Asamblea Constituyente han
sido completamente vaciados de los derechos de los trabajadores,
campesinos, pescadores, trabajadores en puestos de trabajo informales.
Los artículos que mencionan los trabajadores y la justicia social no
comprometen a nadie para su aplicación real, ni al gobierno ni a los
patronos. Al mismo tiempo, los proyectos protegen los intereses de los
dueños de las fábricas y los directores de las empresas: en la
actualidad nos encontramos con patronos que se niegan a pagar los
salarios de los trabajadores y los despiden, o dan órdenes de cerrar la
fábrica y echar a los trabajadores, incluso cuando han gozado de
privilegios y exenciones fiscales. Incluso han obtenido préstamos
bancarios y nunca los han devuelto (…)”.
En
otra parte de su pronunciamiento, este sector de sindicatos egipcios
también se oponen al discurso que realizó Morsi el día 23 de noviembre,
en el cual amenazó con que “iba a usar la ley contra la interrupción de la producción o el bloqueo de carreteras, o prohibir por ley las huelgas y sentadas”, además de anunciar la entrada en vigencia de una ley[2] que autoriza al presidente a intervenir los sindicatos, pudiendo incluso reemplazar a los dirigentes actuales.
Estos
ataques de Morsi, como parte de una ofensiva bonapartista de conjunto,
son una clara respuesta a un creciente accionar obrero en el escenario
político egipcio que viene de antes de la caída de Mubarak. Sectores de
la clase obrera, como los trabajadores de la fábrica de Mahalla, la más
grande dentro de la rama textil, fueron parte de la vanguardia que
derrocó al antiguo dictador. Desde que éste cayó, realizaron una serie
de luchas y hasta huelgas. En estos días, como continuación de esta
lucha, protagonizaron una importante marcha contra las medidas
reaccionarias de Morsi.
Esto
se da en el marco de que está en curso un rico proceso de
reorganización en el movimiento obrero en Egipto, con la fundación de
nuevos sindicatos o federaciones. El gobierno de la Hermandad, aliado a
los militares, se juega a liquidar este proceso coartando todas las
libertades y brechas democráticas que fueron conquistadas con la caída
de Mubarak.
Pero
aún están lejos de alcanzar este objetivo. La fuerza de las
movilizaciones y la entrada en escena de un sector de la clase obrera
han obtenido un primer triunfo: Morsi se vio obligado a retirar su
decretazo.
!Derrotar a la Constitución de Morsi y los militares!
Sin
embargo, Morsi no renunció a su propuesta de Constitución ni al
referéndum. Es clara su intención de desviar la lucha al terreno que más
favorece a la Hermandad para desviar el proceso revolucionario y
“legitimar” su proyecto político bonapartista y represivo: el campo
electoral.
Frente
a todo este proceso, la oposición burguesa a la Hermandad se agrupó en
lo que dieron a llamar el Frente de Salvación Nacional. Este es un
frente amplio que abarca a una serie de partidos que se dicen “laicos y
liberales” y hasta exponentes del antiguo gobierno de Mubarak. Está
liderado por Mohamed el Baradei y el antiguo canciller de Mubarak y ex
secretario general de la Liga Árabe, Amro Musa. Pero también está otros
personajes, como Hamdin Sabahi, un nacionalista burgués que se presenta
como nasserista y que tiene un peso importante en el mundo sindical y
algunas agrupaciones juveniles; no por casualidad fue el tercer
candidato más votado en las últimas elecciones. En este frente amplio
opositor también entraron muchas organizaciones de jóvenes que
estuvieron en las plazas desde el comienzo de la revolución, como el
conocido Movimiento 6 de Abril.
El
frente opositor decidió llamar a votar por el “NO” en el referéndum
constitucional. Estamos completamente en contra de este proyecto
constitucional y creemos que la lucha contra el gobierno de la Hermandad
y el régimen bonapartista pasa en lo inmediato por derrotar ese
proyecto de Constitución que legaliza y legitima el poder de los
militares y reafirma todas las ataduras del país al imperialismo.
El
combate contra la ofensiva bonapartista se da ahora en las calles y
también en el terreno del referéndum. Por eso, manteniendo la más
absoluta independencia de clase, sostenemos que es necesario que las
organizaciones sindicales y la izquierda apliquen una política de amplia
unidad de acción con todos los sectores, incluso burgueses, que estén
dispuestos a enfrentar el régimen y la Constitución que lo consolida.
Por dentro de este amplio frente contra Morsi y los militares es que
debemos combatir a las direcciones burguesas y dar la batalla
imprescindible por construir una dirección revolucionaria, pues la
actual dirección de el Baradei, Musa, etc., por limitaciones de clase
insalvables, es y será incapaz de conducir la lucha hasta el final, como
lo demuestra su abertura a negociar tal o cual cuestión sobre el texto
constitucional y hasta sobre el mecanismo específico del referéndum con
el régimen para desmovilizar todo el proceso.
Al
terminar este artículo se ha realizado la primera ronda del referéndum y
datos oficiosos dan un triunfo parcial del “SI”, con 57% contra 43% del
“NO”. Sin embargo, en el marco de una jornada electoral militarizada
con más 120.000 soldados, la nota destacada es el triunfo del “NO” en
varias ciudades con importante peso urbano y obrero, como la propia
capital, donde el rechazo al borrador de la Hermandad triunfó con 57% de
las papeletas. En la segunda ronda, a realizarse el 22 de diciembre,
votarán las ciudades rurales del interior, donde los islamistas tienen
un peso mucho mayor. De todas formas, aún en la hipótesis de que el
proyecto constitucional del régimen sea aprobado en las urnas –que es lo
más probable-, se estaría lejos de lograr la legitimidad que pretendía
la Hermandad y los militares, dado que hasta ahora existió sólo 33% de
participación y existen numerosas denuncias de irregularidades durante
los comicios.
La revolución está viva y avanzando
Estas
imponentes movilizaciones son una demostración incontestable de que la
revolución egipcia no está cerrada ni mucho menos derrotada. Todo lo
contrario, continúa viva la llama de la lucha de las masas explotadas y
oprimidas, que en estos casi dos años de haber derrocado Mubarak no han
visto mejorar sus condiciones de vida ni satisfecho sus aspiraciones
democráticas.
Lo
más positivo y alentador es que esta nueva ola de movilizaciones
revolucionarias se enfrenta directamente contra el gobierno de la
Hermandad Musulmana, el partido burgués más fuerte y mejor organizado
del país. Esta organización política de 84 años siempre tuvo un fuerte
prestigio entre amplios sectores de las masas, incluso a pesar de haber
sido uno de los sostenes de Mubarak y de sustentar actualmente su
gobierno en un pacto con la cúpula militar asesina.
El
crecimiento de la decepción y la oposición popular a la Hermandad tiene
que ver con una experiencia directa que las masas están haciendo con su
gobierno. El desgaste de la Hermandad es mucho más rápido de lo que se
esperaba. Después de asumir el poder hace menos de medio año con alta
aprobación popular, ahora vemos a sectores de masas comparando a Morsi
con Mubarak o con un faraón moderno y exigiendo en las calles “!Morsi, Morsi, renuncia!”.
Esta comparación de Morsi con Mubarak hasta hace poco tiempo era
impensable. Ahora es un hecho. En diferentes puntos del país, miles de
personas han invadido e incendiado alrededor de 40 locales de la
Hermandad.
Esto
tiene que ver con que, sumado al hecho de que está más claro que la
Hermandad se encuentra en el mismo tren autoritario que los militares,
Morsi tiene que aplicar planes económicos que golpean con dureza el
maltrecho nivel de vida del pueblo egipcio. En medio de esta retomada
del ascenso obrero y popular, Morsi tuvo que dar marcha atrás –después
de haberlo anunciado– de un plan de aumento de impuestos de hasta 50% a
productos de primera necesidad, como parte de todo un paquete que el FMI
le exige para efectivizar un préstamo de 4.800 millones de dólares.
La
principal tarea en este momento es completar el proceso que tuvo como
primer triunfo el derrocamiento de Mubarak y avanzar hasta la
destrucción total del régimen dictatorial controlado por la cúpula de
las fuerzas armadas y sustentado por el imperialismo. Esto también
implica, por supuesto, la lucha más decidida contra el gobierno de la
Hermandad, uno de los garantes de este régimen.
Destruir
el régimen bonapartista egipcio -que ahora gobierna con cara islámica- y
conquistar libertades democráticas amplias es una tarea fundamental
para que la revolución pueda avanzar hacia un gobierno obrero, campesino
y popular que comience la construcción del socialismo en Egipto y la
región.
En
este sentido, es urgente profundizar la movilización popular exigiendo
la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente libre y soberana.
Esta lucha será inevitablemente contra el gobierno de Morsi y de toda
la cúpula militar que controla las riendas del poder político y la
economía.
Por
eso, las movilizaciones por cuestiones democráticas y económicas deben
estar colocadas en el perspectiva de derrumbar al gobierno de la
Hermandad y el régimen militar y por la inmediata instauración de un
gobierno obrero y popular sustentado en las organizaciones sindicales y
sociales. Sólo un gobierno con estas características podrá convocar a
una Asamblea Constituyente realmente libre y soberana, que refunde el
país sobre la base de los intereses obreros y del pueblo, comenzando con
la ruptura completa de todos los pactos políticos y económicos que
sujetan Egipto con el imperialismo yanqui y con el Estado nazi-sionista
de Israel. Sólo un gobierno obrero y de los explotados podrá castigar
todos los crímenes de Mubarak y los militares, además de confiscarles
todas sus propiedades y enormes fortunas para colocarlas al servicio del
pueblo.
La
resolución de estas tareas (destrucción del régimen bonapartista,
ruptura con el imperialismo y avance hacia la expropiación de los
capitalistas) están colocadas en la realidad. La revolución que sacude
al norte de África y Medio Oriente, con la reanimación de la lucha
palestina, la acentuación de las luchas obreras en Túnez y el comienzo
de luchas masivas en Jordania y con el régimen de Al Assad cada vez más
aislado por la revolución y la guerra civil en Siria, nos dan motivos
para ser optimistas en el triunfo definitivo de la revolución egipcia y
en toda la región.
Fuente: LIT CI
Fuente: LIT CI
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